Desempleo y pobreza: qué no muestran los datos

Los datos de desempleo y pobreza, tal vez los más importantes a seguir, son mucho más preocupantes de lo que parecen y generan incertidumbre de cara al futuro. En el mercado de trabajo decir que en el segundo trimestre el 13,1% de las personas está desempleada es tan artificial como decir que la pobreza en el primer semestre de 2020 creció apenas 5 puntos porcentuales en relación al segundo semestre de 2019, pasando del 35,5% al 40,9%.

En el caso del desempleo, la tasa del segundo trimestre se vio fuertemente atenuada por dos cuestiones: una de medición, relacionada con la salida involuntaria de las personas de la población económicamente activa en términos laborales por restricciones a la movilidad, y otra referida al sustento transitorio de una parte del empleo registrado, por aportes del gobierno nacional para el pago de salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sumado a prohibiciones de despido y otras rigideces laborales.

La primera de las cuestiones hace alusión a que una gran parte de aquellos que venían buscando trabajo o lo perdieron (estos últimos unas 4 millones de personas en el segundo trimestre -caída del 21% de los ocupados- en su mayoría vulnerables: informales y de baja educación), durante la estricta cuarentena no iniciaron o cesaron la búsqueda, lo que mitigó sensiblemente la tasa de desempleo.

En efecto, si la tasa de actividad se hubiese mantenido en niveles pre-cuarentena (es decir, si todos aquellos que perdieron sus trabajos hubiesen podido salir a buscar empleo voluntariamente), la tasa de desempleo habría alcanzado un valor cercano al 30%, mucho más ilustrativo del contexto actual. Para tomar dimensión, en la crisis de 2001 el valor de desempleó trepó al 21,5% en mayo de 2002.

La segunda cuestión apunta a que una parte de los asalariados formales del sector privado mantuvieron su empleo porque el Estado dispuso de ayuda para pagar los salarios (ATP, desde abril unos 8,7 millones de salarios) y a su vez hubo medidas restrictivas para imposibilitar o encarecer los despidos. Esto en su conjunto hizo que la caída del empleo privado asalariado sea de apenas un 5%, en contraposición con la reducción del 43% de los trabajadores informales.

En este contexto, la pobreza en el primer semestre también tiene que tomarse con cautela por varias cuestiones: lo recientemente expresado sobre el empleo sostenido artificialmente por el Estado (ATP), transferencias transitorias a los más vulnerables con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, casi 9 millones de personas) e inflación reprimida. Además, vale remarcar que cuando se miden los trimestres la pobreza alcanzó un valor superior al 47% en el segundo.

Tanto el ATP como el IFE fueron (y son) herramientas muy necesarias en un marco de caída profunda de la actividad, consecuencia de la rigurosidad y duración de la cuarentena en Argentina (donde nos erigimos como una de las más duras del planeta). No hay dudas del shock positivo de ingresos en muchos hogares que permitieron mitigar la pobreza, pero ambas tienen carácter transitorio.

Además, estas medidas, específicamente el elevado déficit fiscal incurrido y financiado con emisión monetaria, ya están generando tensiones económicas que, de no actuar coordinadamente en el corto plazo, podrían provocar una aceleración en los precios que repercuta enérgicamente en la canasta básica total (CBT) y de esta manera nuevamente en la pobreza e indigencia.

Asimismo, la inflación actual está atenuada por: las restricciones a la movilidad que hacen que la velocidad de circulación del dinero sea menor a la normal; hay muchos precios regulados que se mantienen inalterados; y la caída de la actividad y consumo. Una vez normalizada la situación (más circulación y consumo) y actualizadas las tarifas, en un contexto de fuerte expansión monetaria, la variación mensual podría subir varios escalones.

En los próximos datos se espera una mejora gradual del empleo al tiempo de mayor gente buscando trabajo por las menores restricciones, lo que podría reflejar un incremento del desempleo si la creación de nuevos trabajos no supera a las nuevas búsquedas laborales.

En el caso de la pobreza, esta va a depender de varias cosas: nivel de empleo, ingresos de los hogares (dentro de los que se encuentra la ayuda estatal: ATP, IFE) y la CBT (inflación). En este sentido, el gobierno tiene un gran dilema: más ayuda estatal es más inflación futura que puede culminar en una mayor inestabilidad macroeconómica; menos ayuda estatal es más pobreza en el corto plazo, pero más estabilidad en el mediano.

La situación es muy frágil: el desempleo rondando el 30% y casi uno de cada dos argentinos en situación de pobreza. Peor aun cuando sabemos que golpea a los más jóvenes (casi 6 de cada 10 menores de 14 años son pobres), lo que genera consecuencias perdurables en el tiempo. Se requiere cuanto antes una planificación, calibración y coordinación precisa del gobierno en cuanto a las políticas públicas, para dar un horizonte de certidumbre que permita al sector privado volver expandirse y ayudar a revertir el contexto.

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