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La ley que más piden las empresas: un paquete ya que elimine 80% de impuestos y las saque del “rojo”

Las empresas del sector esperaban que estuviera aprobada a comienzos de año, pero igualmente son optimistas respecto del impacto que tendrá. Qué dicen los que ya estaban en el régimen de promoción y los que se sumarán. El Gobierno espera un impacto positivo en las exportaciones argentinas.

Por Alejandra Beresovsky - 29 de Julio 2020
La ley que más piden las empresas: un paquete ya que elimine 80% de impuestos y las saque del “rojo”

Mucho más lentamente de lo que esperaban las empresas, finalmente se encamina hacia la sanción el proyecto que reforma la ley 27.506, que crea el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. La iniciativa mantiene la reducción del 60% en el pago del impuesto a las ganancias y la posibilidad de convertir en un bono de crédito fiscal transferible por única vez el 70% (ampliable a 80%) de las contribuciones patronales, además de crear un fondo, sostenido por un porcentaje de los beneficios de las compañías, para apoyar la actividad de las pymes, entre otros destinos.

La también bautizada “industria 4.0” no esperaba llegar a la segunda mitad del año para la aprobación y todavía resta el proceso de reglamentación. Sin embargo, hay optimismo respecto de su impacto: es más abarcativa que la antigua ley de Promoción del Software (que favoreció a más de 500 empresas), creada por diez años en septiembre de 2004 y prorrogada en 2011 hasta 2019, y también promete tener efectos en términos de exportación y generación de empleo. Además, a diferencia de la 27.506 a la cual modifica, tiene en la mira impulsar a las pymes y a las micropymes. La expectativa del Gobierno es que se incrementen las contrataciones de recursos humanos calificados y las exportaciones del rubro, aunque reconoce que no es sencillo estimar el aumento del ingreso de divisas en este momento.

“Es muy difícil realizar una proyección en el contexto actual porque realmente la incertidumbre sobre cómo se va a mover el comercio internacional de bienes y servicios es muy grande”, asume Maria Apólito subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sin embargo, considera que, a partir de los incentivos de la ley, al país “se le presentarán oportunidades que podrán ser aprovechadas”.

“Si tomamos en cuenta el crecimiento de las exportaciones de los servicios basados en conocimiento, que crecieron en los últimos 10 años a una tasa anual de 4,3%, y tomando la participación Argentina en este mercado, se podrían generar 11.000 millones de dólares hacia el 2030 de ventas externas solo en este rubro”, estima. Actualmente, las exportaciones del segmento representan u$s 6.000 millones. Apólito apunta que se incorporará la dinámica exportadora de los sectores que comprende esta norma y que no incluía la ley de Promoción de Software. Ejemplos de ellos son la biotecnología, la industria satelital, la nanotecnología y la actividad de producción audiovisual.

“Pensábamos que estaría reglamentada en junio”, lamenta Sergio Candelo, presidente de la Cámara de Software y Servicios Informáticos (CESSI).

Candelo reconoce que la actividad no ha estado exenta del perjuicio que ocasionó la pandemia a la economía, por lo que la norma era doblemente esperada. “Se creía que era un sector que no iba a sufrir, pero, por caso, tenemos asociados que hacen software para turismo”, grafica. Y destaca:

“Teníamos el 2020 planificado con costos diferentes y, además, creíamos que la ley iba a tratarse en sesiones extraordinarias”. “Hay empresas que incorporaron equipos de trabajo para hacer proyectos de investigación”, añade, en relación con uno de los requisitos para obtener los beneficios: invertir en investigación y desarrollo hasta el tres por ciento de la facturación.

Aun así, y con aprobación en el horizonte, las empresas nucleadas en Cessi esperan un crecimiento del 19,6% en relación con 2019 pese al contexto de pandemia, según un relevamiento realizado a fines de abril y dado a conocer por la cámara en junio. Asimismo, estiman que crearán 2.500 puestos nuevos de trabajo, gracias al aumento de la matrícula de carreras afines en periodos anteriores.

Así como lo fue la antigua ley de Promoción del Software en la primera década del siglo, Candelo afirma que la sanción de esta tendrá un beneficio adicional: contribuirá a instalar la conversación sobre un ámbito del saber que debería ser más atractivo para los jóvenes y los estudiantes en general.

Apólito coincide: “Sin dudas las actividades de la economía del conocimiento serán un factor clave de la reactivación productiva y económica del país”. Rememora, asimismo, que la ley de Promoción de la Industria del Software “permitió un crecimiento de las exportaciones de las empresas promovidas que pasaron de u$s396 millones en 2004 a u$S 1.007 millones en 2018”. “En cuanto al empleo el sector, está desde 2010 con una demanda insatisfecha que plantea una oportunidad de trabajo de calidad con sueldos superiores al promedio de la economía”, completa.

Sobre este último punto, Candelo aporta que “hace 16 años las empresas del sector empleaban a 20 mil personas y hoy, a 115 mil”.

Por su parte, Roberto Wagmaister, CEO y fundador de gA, una empresa de más de 1.300 colaboradores, y miembro fundador de Argencon, entidad conformada por empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento, asegura que en este momento crítico este segmento de la producción es uno de los pocos que puede generar ingreso de divisas. Sin embargo, resalta que el potencial es todavía mayor a los resultados de los últimos años: “Entre 2010 y 2018, el sector creció un 18 por ciento en Argentina, mientras que a nivel mundial ese aumento fue del 92 por ciento”. Por eso cuestionó la “distracción de la actividad legislativa”, que impidió un avance más rápido de la ley.

Entre las ventajas de la actividad destaca su carácter “profundamente federal”. “La gente sigue trabajando desde su provincia”, explica. Cabe recordar, además que la norma contempla un aumento del bono fiscal de 70% a 80% de los empleados afectados a la actividad promocionada si se contrata a personal de zonas desfavorables o con menor desarrollo relativo.

El directivo destaca el marco de certidumbre que habilita la aprobación de la ley, pero también propone la “menor regulación posible” a la hora de la reglamentación, proceso para el que –cuenta- desde Argencon ya han presentado propuestas.

Para Adrián Anacleto, CEO de Epidata, una compañía que brinda servicios de arquitectura de software con oficinas en Argentina y la región, la demora de la aprobación no es inocua. “El solo hecho de que no se aprobara cuando se debió haber aprobado afectó al país, porque nos vimos obligados a decidir dónde contratar gente y teníamos países con reglas definidas”, opina.

Anacleto apela a otro antecedente: “La ley de software generaba entre un ocho y un 11 por ciento de ahorro, que se utilizaba para solventar el crecimiento, porque las pymes no tienen otra forma de financiarse”. Epidata es un ejemplo claro, porque perteneció a la segunda tanda de compañías que entró al registro de beneficiados, en 2005, y pasó de tres empleados a 300.

De todas formas, el emprendedor es optimista y afirma que basó su presupuesto y proyecto anual en función de la aprobación de la ley. “Queremos hacer crecer el centro de desarrollo de La Matanza, la idea es pasar de diez a entre 20 y 30 personas. Además, tenemos empleados en Córdoba y Mendoza y la idea es que esos centros de desarrollo sigan creciendo”, revela.

Sobre los efectos de los tiempos legislativos en esta coyuntura, Apólito aclara dos cosas. Por un lado, que el beneficio será retroactivo para aquellas empresas que se encontraban inscriptas en la ley de Promoción de la Industria del Software, y que manifestaron su voluntad de adhesión al nuevo Régimen de la Ley de Economía del Conocimiento antes del 31 de diciembre del año pasado, siempre y cuando estén cumpliendo las obligaciones que contemplaba la norma de 2004.

Y concretamente sobre el retraso, recuerda que “la agenda parlamentaria de las extraordinarias se concentró en la ley de Restructuración de la Deuda”. “Un mes después, se inició el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que obligó al Congreso a generar un sistema virtual y su respectivo procedimiento para sesionar, la puesta a punto y el uso exitoso de este sistema llevó algunas semanas”, añade.

Nuevos sectores

La llamada “economía del conocimiento” comprende a las actividades que “mediante la incorporación, aplicación y adopción de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología, mejoren la producción de bienes y servicios”, según describió el Ministerio de Desarrollo Productivo en la carta de presentación del proyecto, en febrero. A diferencia entonces de la Ley de Promoción del Software, alcanza a un mercado más heterogéneo, aborda de manera transversal a múltiples ámbitos de la producción y ya no sólo a las desarrolladoras.

José Luis Randazzo es gerente General de Veng, dedicada a la actividad espacial. La empresa es una de las que se espera que ingresen al Registro del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, lo cual la ayudará a diseñar nuevos proyectos.

“Nos genera gran expectativa para crear unidades de negocio, como por ejemplo software para nuestra actividad”, afirma Randazzo, quien coincide en que es una “política de Estado que contribuye a instalar el tema en la sociedad”. “Estamos incursionando en algunos rubros que tienen que ver con el uso de información satelital para el desarrollo de aplicaciones”, cuenta.

El directivo destaca también los incentivos adicionales, relacionados con la política de desarrollo y de inclusión. Además de impulsar la contratación de personas residentes en zonas desfavorables o provincias de menor desarrollo económico, la posibilidad de ampliar al 80% de las contribuciones patronales el bono de crédito fiscal también está prevista para las registradas que contraten mujeres, personas con posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad y quienes hayan recibido anteriormente planes sociales.

La perspectiva de género se basa en datos que dan cuenta de una menor participación de mujeres en algunas disciplinas y sectores de alta calificación. Así lo muestran, entre otros estudios, una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamado “Un potencial con barreras: la participación de las mujeres en el área de ciencia y tecnología en Argentina”.

Ese trabajo cita, entre otras fuentes, una encuesta realizada por el Intal-BID, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en 293 empresas de la Argentina. De él se desprende que “el porcentaje de mujeres que posee títulos académicos en ciencias exactas y naturales, tecnología, ingeniería y matemáticas es bajo en todas las empresas (30%)”. De todas formas, el trabajo aclara que “se observa un porcentaje algo mayor en las empresas más avanzadas en términos tecnológicos (40% de mujeres con esta calificación)”.

Randazzo afirma que “hay muchas mujeres en ciencia en nuestra industria” y asevera que en la industria en la que participa “el trato es igualitario”.

“La reglamentación estará lista casi en paralelo a la sanción”

Uno de los temores de las empresas que quieren ingresar en la promoción es que, tras la sanción, el proceso de reglamentación retrase más la aplicación de la norma. Sin embargo, la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, María Apólito, afirma que el proceso tendrá celeridad.

“Nuestros equipos están trabajando desde que enviamos el proyecto de modificación al Congreso en febrero”, revela. Y agrega: “Creemos que la reglamentación estará lista casi en paralelo a la sanción de la ley”. Pero aclara que, posteriormente, el régimen deberá ponerse operativo a partir de normas complementarias que deberán dictar otras dependencias, con las cuales –subraya- vienen trabajando desde hace algunos meses. Aclara que esas normas complementarias “no pueden dictarse hasta tanto se reglamente la ley”.

Revela, asimismo, que participan también sectores involucrados a través de cámaras empresarias, colegios profesionales y organismos públicos que tienen competencia, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. “También interactuamos con Afip, la Secretaría de Innovación Pública, los sectores de producción, ciencia y tecnología de las provincias”, cuenta.

Además del decreto reglamentario, el marco legal se completa con la resolución emitida por la autoridad de aplicación. “Contemplará todos los aspectos formales y operativos para la puesta en marcha de la Ley. Desde el detalle de las actividades, como el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo y/o capacitación; hasta el porcentaje de exportaciones y acreditación de calidad”, adelanta Apólito. También –señala- los procedimientos para las inscripciones y revalidaciones, los sistemas que se van a utilizar, la modalidad de carga de la información, la documentación respaldatoria y la intervención del Consejo Consultivo, entre otros aspectos.

“El trabajo de la reglamentación requiere de este intercambio amplio y fluido para que logremos una ley operativa”, manifiesta.



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