Dólar Bitcoin: el plan del Gobierno para ponerle un cepo y por qué falló antes

Cómo puede ser la nueva regulación que plantean para las criptomonedas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores de criptomonedas con el fin de "disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos" y de financiación del terrorismo, a la vez que ordenó a una serie de sujetos y entidades a reportar cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa. Sin detallar fechas, el organismo encargado de prevenir operaciones financieras ilegales, comandado por Carlos Alberto Cruz, advitió que "en los últimos tiempos se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales" y, suponiendo que estas transacciones "podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar el sistema preventivo de lavado de activos", envió una nota a todos los sujetos obligados a reportar irregularidades para que refuercen los controles.

Al menos desde 2009 la UIF está trabajando sobre el tema. "Estamos intentando ayudar al ecosistema cripto, que en Argentina es muy fuerte. Estamos tratando de dar un esquema de regulación que convenga a las compañías que están en el mundo cripto. Algo que no está regulado no puede tener un valor económico y financiero en los mercados", señaló oportunamente Alberto Echegaray Guevara, asesor del presidente de la UIF, Mariano Federici. En ese mismo momento, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) también le habían puesto el ojo a Bitcoin y otras monedas. Especialmente, a las llamadas ICO, las Ofertas Iniciales de Monedas, un sistema de emisión de activos criptográficos que fue muy usado para fondear empresas.

Una de las razones fuertes para que los gobiernos quieran regular las criptomonedas es que estos activos financieros ofrecen un gran anonimato a sus portadores. A través de diferentes tencología de encriptación, es muy complejo rastrear al usuario final de una wallet (el repositorio de bitcoins y otras criptomonedas). Por otro lado, en la Argentina es muy común el uso de criptomonedas para esquivar regulaciones. Particularmente, se vio un gran salto en cantidad de operaciones siempre que se establecían nuevos controles cambiarios relacionados a la compra de divisa extranajera. Esto es así porque Bitcoin, más allá de sus propiedades intrínsecas como activio financiero y especulativo, es una moneda que no ha parado de crecer en valor. En este sentido, muchos argentinos lo ven como un refugio de valor que está lejos de las regulaciones del Estado y por lo tanto una mejor alternativa al peso y al dólar cuando este último recibe nuevas regulaciones.

 

¿Cómo es la regulación en Argentina?

El artículo 126 de la Constitución Nacional (CN) afirma que "Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación (…) ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal". En este sentido, las criptomonedas no podrían considerarse como monedas estrictamente.  Del mismo modo, los criptoactivos no cumplen con los recaudos exigidos por el art. 30 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El art. 30 exige dos requisitos para considerar a un instrumento como moneda: que el emisor del instrumento imponga el curso legal respecto del instrumento y la existencia de un valor nominal fijado al instrumento.

Sin embargo, y particularmente, en lo que atañe a las regulaciones bajo la legislación del Código Civil y Comercial de la Nación (CCYCN) podría la criptomoneda integrarse dentro del art 16 del citado libro, para ser considerado un "bien". Ya que bien es cualquier cosa susceptible de valor y las criptomonedas lo son abiertamente.

Por último, cabe destacar, que la Ley de impuesto a las ganancias reformada en 2017(Ley Nº 27.430) grava la renta producto de la compraventa de monedas digitales en ciertas condiciones con un 15% de impuesto a las ganancias. La reforma incorporó un artículo a ley del Impuesto a las Ganancias por el cual la ganancia que obtengan las personas humanas por la venta o transferencia de monedas digitales que estén ubicadas en el país y sean emitidas en pesos con cláusula de ajuste está gravada a una tasa del 15% y cuando sean emitidas en pesos pero sin cláusula de ajuste la tasa es del 5%. Lo que faltaría, es que se definan aquellas monedas digitales que conforman a dicho impuesto. En principio la criptomoneda no quedaría comprendida en dicha ley, por no ser identificado con ciertas palabras o requisitos que determina en el articulado.

Por último, la regulación sí llegó efectivamente a los exchanges. Las "casa de cambio" de criptomonedas (empresas que ofrecen plataformas de trading, wallets y una plataforma digital para comprar criptoactivos) desde hace meses deben cumplir ciertas normas de compliance. En octubre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General de la AFIP N° 4614/2019 que establece un nuevo Régimen Informativo para los “Agrupadores o Agregadores de Medios de Pago (por ejemplo TodoPago o MercadoPago) que sean residentes o tengan domicilio en Argentina; y para los “[…] sujetos que administran gestionan o controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales[…] (ejemplo: Bitex.la, Ualá).

Asimismo, establece que cuando dichos activos estén expresados en moneda digital o criptomoneda, los mismos deberán ser informados en pesos aplicando el último valor de cotización del tipo comprador que el operador obligado haya fijado al momento de tener que informar. Por otro lado, ya existía el antecedente de informar a la UIF por parte de los individuos identificados en el Art. 20 de la Ley 25.246 de todas “[…] las operaciones efectuadas con monedas virtuales […] según lo determinaba la Resolución 400/2014 para la prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. A esto se sumo que los exchanges actualmente deben cumplir con normas de KYC (know your client) que demanda identificar con DNI y otros datos personales a los usuarios de dichas plataformas.

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