Promulgaron la "Ley Micaela" sobre violencia de género

El Gobierno reglamentó la norma que aprobó el Congreso en diciembre pasado. El crimen de la adolescente en Gualeguaychú, en 2017, movilizó a todo el país.

El Gobierno promulgó este jueves la Ley 27499, conocido como "Ley Micaela", que prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos. 

La iniciativa, formalizada a través del Decreto 38/2019, fue impulsada por la diputada del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Analía Rach Quiroga, fue bautizado en memoria de Micaela García, una militante entrerriana del Movimiento Evita violada y asesinada en Gualeguay en 2017 por Sebastián Wagner y Néstor Pavón.

La conmoción pública que provocó el caso dio origen a la iniciativa legislativa, pues Wagner debió haber estado preso por otras dos violaciones cuando atacó a Micaela. Sin embargo, y a pesar de dictámenes desaconsejándolo, el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, le había dado la libertad condicional.

La norma establece la capacitación obligatoria y continua en perspectiva de género para los funcionarios del Estado en todos los niveles. Es decir, del presidente de la Nación, Mauricio Macri; del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; y de los presidentes de las Cámaras legislativas, Emilio Monzó y Gabriela Michetti, hacia abajo, todos los funcionarios deberán recibir la capacitación.

La ley dispone, por otra parte, la capacitación de promotores territoriales en género de alcance nacional y un plan nacional deportivo para la integración y la no violencia contra las mujeres.

La autoridad de aplicación será el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) que, en su página web, difundirá el grado de cumplimiento con la capacitación que estipula la ley.

El financiamiento

Tras la aprobación en diciembre, se plantearon dudas sobre el financiamiento de las capacitaciones, habida cuenta de las restricciones que el INM afronta por las recortes dispuestos por el Presupuesto 2019.

El artículo 9 de la norma establece, no obstante, que los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.

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