punto de vista

Un presupuesto de ajuste que golpea a los porteños

Cuando se debatió el presupuesto para la Ciudad en diciembre pasado, desde el bloque de Unidad Porteña alertamos sobre la poca credibilidad de las estimaciones de inflación y tipo de cambio incluidas en el proyecto, y sobre las implicancias reales de estas inconsistencias.

En línea con el presupuesto nacional el Ministerio de Hacienda de la Ciudad calculó el presupuesto suponiendo que la inflación a fin de 2018 se ubicaría en 12%. La escasa credibilidad de estos fundamentos quedó en evidencia unas semanas más tarde cuando el BCRA subió la meta de inflación al 15%, una meta poco realista si se tiene en cuenta que las estimaciones de consultoras privadas que el mismo BCRA dio a conocer el viernes se ubican en un promedio del 19,4%.

Como señalamos en su momento, subestimar la tasa de inflación le permitía al gobierno negar lo obvio, que el presupuesto aprobado implica un profundo ajuste en el gasto real de la ciudad, ya que el aumento del gasto del 11% en términos nominales quedará muy por debajo del aumento de la inflación. Las nuevas estimaciones privadas de inflación casi que duplican el incremento nominal del gasto y dejan en evidencia que este año la Ciudad va a experimentar un ajuste de 8,1% del gasto real. Este recorte es superior incluso al del presupuesto nacional.

Resulta difícil explicar por qué el Gobierno de la Ciudad decide aplicar un ajuste de esta magnitud, cuando el distrito tiene el dinamismo económico suficiente para generar recursos tributarios, y cuando incluso muchos economistas ortodoxos reconocen que recortar el gasto público en un momento en el que la economía está teniendo dificultades para despegar pone en riesgo la recuperación. Estos problemas para reactivar la economía están golpeando especialmente a los habitantes de la zona sur de la ciudad, donde la desocupación saltó del 13% en el segundo trimestre de 2016 al 16,9% en mismo período de 2017, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

En lugar de atender estos problemas concretos del distrito, la estrategia fiscal del gobierno de la ciudad sigue la política de austeridad del gobierno nacional que, además de recortar el gasto, presiona para reducir impuestos al sector empresario y aumentar las tasas de los servicios públicos a los individuos, siguiendo la añeja y muchas veces refutada teoría del derrame -quitar impuestos al sector empresario con la esperanza de que eso genere mayores inversiones, contradiciendo toda la evidencia sobre el tema.

El ajuste es además regresivo, porque reduce especialmente los gastos en transporte y vivienda, mientras crece el peso de los intereses de la deuda. En términos nominales, los recursos asignados a vivienda caen un 15% y los de transporte 40%, donde se destaca una reducción en los subsidios al subte. Desfinanciando estas áreas la deuda que tenemos con los porteños en materia de vivienda y transporte no van a hacer más que profundizarse.

Todo esto no quiere decir que los problemas se vayan a solucionar aumentando los recursos. Se trata sobre todo de un problema de lograr mayor equidad y eficiencia tanto en la forma de recaudar como en la de gastar. De hecho, desde que el Pro asumió el nivel de recursos disponibles por habitante pasó de $ 33.860 en 2007 a $ 57.349 (a pesos corrientes de diciembre de 2016), un 70% más en términos reales y el stock de deuda por habitante pasó de u$s 170 en 2007 a u$s 1206 en 2017. Hay que agregarle los incrementos en las transferencias nacionales, que se duplicaron en los últimos años.

Sin embargo, la capacidad para aumentar recursos y deuda no estuvo acompañada de una mayor capacidad para proveer servicios. A los déficits en materia de transporte y vivienda mencionados anteriormente se le agregan los problemas de acceso a la salud y la educación.

Por úlitmo, la forma de recaudación debería recaer con mayor peso sobre los sectores más dinámicos, en lugar de insistir con aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en las tasas del ABL. El gobierno está aumentando la rentabilidad de los negocios inmobiliarios como motor de la economía de la ciudad, y ni siquiera contempla la aplicación de algún tipo de instrumento tributario para que los beneficios de esta actividad tengan un mayor impacto social. Se podría implementar, por ejemplo, un impuesto que recupere la valorización que generan los cambios de normas o la inversión pública en infraestructura y la reoriente en beneficio de la comunidad.

En resumen, detrás de este presupuesto de ajuste recesivo y regresivo está la incapacidad del Cambiemos para traducir el aumento de recursos y deuda en una mejor y más equitativa provisión de servicios a los porteños y una creciente subordinación al plan de austeridad del gobierno nacional. Descansar sobre el endeudamiento y la privatización de activos es una estrategia que ya fue utilizada en nuestro país y que, como sabemos, sólo profundiza las desigualdades existentes y transfiere los costos a las gestiones y generaciones futuras.

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