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Negocios

Otro revés para los taxistas: la Cámara ratificó que Uber es legal

El fallo viene a ratificar el del juez de Instrucción Luis Zelaya. “No se advierte el delito concreto”, sostienen los jueces Pinto y Divito y la jueza López. A lo sumo, “es un entuerto comercial”, dice la decisión original de Zelaya. Por Sebastián De Toma - 03 de Noviembre 2016
Otro revés para los taxistas: la Cámara ratificó que Uber es legal

Uber está de parabienes ya que logró una nueva victoria judicial: la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el fallo del juez de instrucción Luis Zelaya en donde se indica que las actividades de la empresa creada por Travis Kalanick en el país es legal: “La prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva. No se advierte cuál sería el delito concreto al que se habría instigado ni los delitos indeterminados que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita”, puede leerse en el fallo

Así, la Sala V del tribunal ratificó lo ya dictado por Zelaya el pasado 24 de octubre en primera instancia, y lo hizo por unanimidad, con los votos afirmativos de Ricardo Pinto, Mirta López y Mauro Divito.

Los jueces mencionaron que los posibles efectos de la actividad de la compañía de origen estadounidense, como el entorpecimiento del tránsito, “se plantea como algo conjetural en un futuro, por lo cual el enrolar conductores para que realicen viajes contratados no lleva razonablemente a evaluar la existencia del tipo penal aludido”.

Y, agregaron, yendo al corazón de la cuestión, que “la denuncia [de los taxistas] parece revelar que la discusión aquí planteada gira en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial, destacando que el fuero penal no es la vía apropiada para resolver tal conflicto”.

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En este sentido y según lo indicado por Zelaya oportunamente, a lo sumo se trata de “un entuerto netamente comercial”.

El fallo de la Cámara llego luego que los denunciantes presentaran una apelación al fallo de Zelaya. Luego, el pasado viernes, protestaron frente a los Tribunales con una manifestación.

La denuncia de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), la Asociación de Taxistas de Capital Federal (ATC), la Unión de Propietarios de Autos con Taxímetro (UPAT), entre otras, en contra de 33 chóferes de Uber hablaba de presuntos delitos de “entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.

El juez en primera instancia, en su resolución, había apuntado que, "más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto". Y agregó que  "no parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios".

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Sin embargo, la pelea entre Uber y los taxistas está lejos de cerrarse. Tras el fallo, el presidente de UPAT, Enrique Celi, repitió los argumentos de quienes están contra el funcionamiento de la App en el país: "Uber no es legal, no está habilitada. Los choferes circulan sin seguro, sin CUIT, sin nada. ¿En caso de un accidente quién responde? Los pasajeros deberían tener esto en cuenta, están desprotegidos". Por su parte, desde ATC machacaron en contra del "insólito, vergonzoso y agresivo fallo de este juez pone en grave riesgo la actividad y el trabajo de más de 80.000 taxistas, titulares de licencia y choferes, que con su esfuerzo mantienen este servicio sin subvención alguna, con jornadas de 12 y más horas, sin trabajo en negro".

Además, no es la única causa abierta: la justicia porteña estimaron que Uber no cumple con la legislación local que regula la actividad del transporte comercial de pasajeros en relación con el uso del espacio público, la seguridad de los pasajeros transportados y los impuestos que la empresa deja de pagar al no estar habilitada en la Argentina. En este sentido, la fiscalía de la Ciudad llevó a cabo una serie de allanamientos a las oficinas de la empresa, a los gerentes y a los chóferes anotados para brindar el servicio de transporte a través de la aplicación. Uber, en todo caso, y más allá de los problemas a la hora de pagar que tienen que sortear sus usuarios, siguió funcionando.

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Uber comenzó a operar el 12 de abril de este año sin solicitar los permisos que exige la Ley 3.622 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo día, de hecho, el Ejecutivo porteño reclamó el cese de operaciones de la empresa por considerarla “fuera de la ley”. A esto le siguieron varias manifestaciones por parte de los taxistas con la consigna “Fuera Uber”, en la que hubo agresiones físicas a los conductores vinculados con la App.



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