Las vicisitudes de la fiscalidad

Cada vez adquieren mayor entidad las versiones sobre la instrumentación por parte del Gobierno de un blanqueo laboral para combatir la alta informalidad de nuestro país.

Es lógico que preocupe esta cuestión: sólo 9000 empresas (de 560.000) aportan el 70% de todo lo que recauda el sistema nacional de la seguridad social.

Entre las razones que explican semejante distorsión se destacan la excesiva imposición que recae sobre la nómina salarial, la falta de un régimen de progresividad por tamaño de empresa, y la inestabilidad normativa (de muchos años) que hace que el empresario no pueda planificar a largo plazo. A ello se suma la propia litigiosidad del sistema, que agrega incertidumbre y repotencia los efectos distorsivos.

Para generar condiciones para la inversión productiva y mejora de la competitividad es imperioso, entre otros aspectos, abordar esta cuestión seriamente (las decisiones de inversión encuentran mayormente su obstáculo en la dificultad de poder precisar cuánto es el costo de salida de un eventual negocio frustrado, más que en los riesgos propios del emprendimiento en sí -que en definitiva se corrigen con la tasa de retorno esperable del proyecto-).

Cuando se observa la recaudación nacional, si bien está claro que es tarea pendiente reducir la presión impositiva y reconducir la regresividad del sistema hacia uno concebido con sesgo progresivo, no resulta objetivo ni realista, salvo en lo que atañe al tema anterior, esperar en el corto y mediano plazo grandes cambios al respecto, máxime cuando lo que resta son mayormente impuestos coparticipables.

Sí cabe pregonar sobre los efectos perniciosos del impuesto sobre los ingresos brutos, que con tasas desorbitadas en nada contribuye a generar condiciones propicias para la economía, ni mucho menos a la reconstrucción de un sistema más justo que piense en los que menos tienen (sólo a modo de ejemplo cómo pueden esperarse créditos bancarios baratos si la mayoría de las provincias -incluyendo CABA-, por derivada consecuencia de la deformación de su base imponible, ha venido aplicando tasas sobre la intermediación financiera que representan el 70% de lo que constituye la verdadera retribución de estos agentes). Tampoco pueden escapar a este comentario las tasas municipales que se han convertido en una carga muy difícil de sobrellevar para todos los comerciantes y empresarios en general.

La problemática debe encontrar urgentemente una solución dentro del marco político institucional, donde las circunstancias del caso exigen verdadero altruismo federal. No obstante ello, tampoco puede omitirse que la construcción filosófica y estructural de cualquier sistema tributario no puede sino devenir de un proyecto de modelo estratégico de país a largo plazo, que primeramente siente las bases para trabajar en consecuencia.

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