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PAMI: claroscuros de un proyecto

Polémica alrededor del nuevo sistema de prestaciones del la obra social que costó $ 13 millones. El desarrollo realizado por la UTN Regional Buenos Aires para el organismo es presentado como un hito, pero también es denunciado por irregularidades. 11 de Marzo 2010
PAMI: claroscuros de un proyecto

El comienzo de este año verá implementado al “Sistema Web Server Side de Captura, Registración, Verificación, Autorización y Auditoría On Line de Prestaciones Socio-Comunitarias para los Beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”, según lo informado por la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBA), contratada por PAMI para hacer el trabajo. 

Sin embargo, el proyecto presentado como “una revolución tecnológica que tiene cosas que no existen en toda América latina, como la posibilidad de controlar los medicamentos prescriptos”, según dice Gastón Winik —director General de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires—, en junio de 2008 ingresó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tras una denuncia bajo identidad reservada que detalla posibles irregularidades en el contrato. Además, es un ejemplo de contratación directa Estado-Estado, modalidad basada en decretos firmados por los ex presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. 

Mega-proyecto
El “nuevo modelo prestacional” del PAMI necesitaba una herramienta informática para soportarlo. Así surge la idea del Web Server Side que será usado por 1.300 usuarios concurrentes y accederán a él 17.000 prestadores y 14.000 usuarios internos por la intranet. Según informa la UTN FRBA, se desarrolló en PHP 5 con base de datos Oracle 10g, se integra con aplicaciones legacy y se divide en tres capas: negocios, presentación y datos. 

Algunos de los módulos son: Panel de asignaciones on line, Movimientos masivos (para reasignar gran cantidad de beneficiarios de una vez), Nomencladores, Prestadores, Captura de datos prestacionales y validación on line, Auditoría, Prestaciones especiales y Tablero de control. Winik agrega que “PAMI es la obra social más grande de América latina y eso marca la complejidad del proyecto. Antes tercerizaba la asignación de beneficiarios a prestadores y hoy lo puede hacer. También se depuró y unificó el padrón de beneficiarios y se puede liquidar de varias formas: una es ‘por tasa de incentivo’, que premia a los que atienden mejor. Es decir, se mejora la gestión interna, la atención y se puede cuantificar la información. Y el código fuente queda en PAMI”. Guillermo Oliveto, flamante decano de la UTN FRBA —lideró la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria (SCEU) desde 2001, área que gestiona la relación de la entidad con las empresas—, destaca que “el sistema arrasa con prácticas perversas; hubo resistencia de quienes tenían un negocio dentro o fuera de PAMI y problemas internos normales de resistencia al cambio. Pero el Estado ganará mucho porque el proyecto es exportable”. Según el funcionario, el contrato fue por “alrededor de $ 13 millones” y Winik agrega que “se paga con lo que PAMI recupera en un mes”. 

Historia no oficial
En julio de 2006 el PAMI y la UTN FRBA firmaron el Convenio Específico del proyecto y el Detalle Básico de Tareas (DBT). Allí comenzó la primera etapa del proyecto, que se extendió hasta mediados de 2007, cuando el reclamo de PAMI por incumplimientos de plazos y de calidad fue tan fuerte que hasta se frenaron los pagos. Entonces, el equipo que había trabajado hasta allí renunció o fue separado (según quién lo relate) y empezó la segunda etapa, con otras personas.

Lo sucedido antes es objeto de una denuncia presentada en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. La fiscal Dafne Palópoli informó que el expediente está “en la Auditoría General de la Nación para comprobar aspectos técnicos y el cumplimiento del contrato”. Según la denuncia, en 2004 la UTN FRBA y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) comenzaron a ofrecerle sus servicios profesionales a Luciano Di Césare, entonces coordinador Ejecutivo de PAMI. Lo habrían hecho a través de personas y/o empresas que actuaban como “representantes”: Jorge Cassino y Felipe Yannaduoni, de la porteña Sols Technologies, por la UTN FRBA, y Jorge Fraga, de la tandilense Kron Informática Aplicada, por la UNICEN.

En marzo de 2006 Di Césare ascendió a subdirector Ejecutivo de PAMI y, amparado en los decretos presidenciales, resolvió contratar directamente a ambas universidades para desarrollar el sistema Web Server Side. La firma del contrato se fijó para abril pero finalmente la UNICEN decidió no participar y el contrato se firmó en julio con la UTN FRBA. 

Allí se estableció que el trabajo duraría entre 15 y 18 meses, que se harían 24 entregas y que se pagarían alrededor de $ 580.000 cada una. Además, se convino que el sistema se haría bajo el modelo de calidad CMMi Nivel 2. Se definieron también la arquitectura del software, la documentación a entregar y a siete ejecutivos por parte de UTN FRBA; entre ellos, Cassino como director General y Fraga (que hasta entonces no era de la UTN FRBA) como director Operativo.

La subcontratación
La subcontratación de empresas está prohibida por el decreto 204/04 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner pero, según consta en la denuncia, la UTN FRBA habría subcontratado a Sols Technologies, Kron Informática y a WMS. La demanda describe que Kron Informática era el centro de desarrollo en Tandil (a pesar de que la UTN FRBA no tiene sede en esa ciudad), WMS era su equivalente en Buenos Aires y además controlaba la calidad, y Sols Technologies los coordinaba.

Guillermo Oliveto dice que no participó “en esa instancia, que todo dependía del ex decano (Luis) De Marco. La secretaría de Extensión Universitaria ingresó al proyecto junto con Winik cuando PAMI planteó su preocupación porque no recibía un servicio eficiente y la intención de reorientar el proyecto”. Pero la SCEU tiene desde 2002 un área para vincularse “con las empresas e instituciones a través de la oferta de servicios de la FRBA”, según su Web. Y en el Informe de Gestión 2006 de SCEU figura “PAMI” en el apartado “Otros Trabajos”.

Además, Oliveto afirma que realizaron “un relevamiento y diagnóstico de lo que había y un plan de trabajo que cubriera lo que PAMI necesitaba”, pero dice desconocer cuántas y cuáles empresas estaban contratadas. El funcionario agrega que “si había empresas contratadas, eso lo solucionó el ex decano, que manejaba los temas administrativos. Hoy trabajamos con graduados y estudiantes de la facultad”. Winik dice que “trabajan alrededor de 25 personas”. 

Más problemas
La denuncia de 27 páginas también describe otras “curiosidades”. Por ejemplo, las facturas apócrifas que habrían sido usadas por UTN FRBA para justificar retiros de funcionarios, sobrepagos o sobresueldos. Varios actores del proyecto consultados afirman que no lo dudan pero que no les consta.

También, una supuesta pasividad de UTN FRBA ante las demoras y falta de calidad: se documenta que a los tres meses de iniciado el proyecto ya se observaban defectos de diseño, falta de documentación, conflictos con el relevamiento, choques de criterio y renuencia del centro de Tandil para aceptar controles de calidad.

En junio de 2007, Cassino renunció a la dirección general informando que con los “incumplimientos y la conflictividad generada” estaba en riesgo la ejecución del contrato y el prestigio de la UTN FRBA. Entonces Winik lo reemplazó. Según Oliveto, “renunció marcando cosas que no sé si le correspondían a él o a quién llevar a cabo. Entonces, nos reunimos con el PAMI para conocer los problemas y nos pusimos a trabajar”.

En esa etapa fue contratada una persona como Project Manager. M. G., que prefiere mantener su identidad en reserva, y que cuenta: “Firmé el contrato con el ex decano, de julio a diciembre de 2008, facturaba como monotributista y el pago mensual era de $ 6.000. No funcionaba lo hecho por la empresa de Tandil y la UTN FRBA decidió quitarle el trabajo pero, como había un contrato, siguió cobrando. Entonces contrataron a seis Project Manager (entre ellos a mí) y a tres empresas de Sistemas para programar, con cerca de cinco programadores cada una. Trabajábamos en una oficina del microcentro que UTN FRBA alquiló. Ante PAMI no podíamos presentarnos de forma individual o de parte de una empresa y usábamos e-mails de Yahoo o Gmail”. 

Contrato directo
La contratación directa de universidades por parte del Estado evita licitaciones. Se basa en los decretos 2508/02, que las instituye como “consultoras preferenciales” para asesorar al Estado, y 204/04, que las habilita también para ser contratadas. En tanto, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) se opone públicamente a estas prácticas, pero algunos creen que no hay mucho perjuicio para las empresas del sector porque algunas son subcontratadas por la universidad, tal cual describe la denuncia en cuestión.

La CESSI dice que siempre advirtió sobre la posibilidad de que la contratación directa de universidades derivara en contrataciones de empresas por parte del Estado usando como fachada a la universidad: “No objetamos que la universidad preste estos servicios con sus alumnos o profesores, aunque preferiríamos que se focalizara en su misión. El gobierno exige en sus licitaciones solvencia, antecedentes sobre el objeto de contratación, aseguramiento de la calidad y soporte, entre otros requisitos, y no parece tener la misma exigencia en la contratación de universidades. Además, la excelencia académica no necesariamente implica excelencia en gerenciamiento y ejecución de proyectos informáticos (con alumnos), y es una competencia desleal para con sus graduados”.

Oliveto, por su parte, defiende “la contratación Estado-Estado en temas estratégicos, pero la universidad no debe ser una software factory. El proyecto del PAMI cambia el modelo prestacional y la historia nefasta de la entidad. Entonces, ¿cómo no va a hacer el Estado una contratación directa con otro ente del Estado? Esto garantiza transparencia y la prestación en toda situación, porque como la universidad no tiene fines de lucro responde ante cualquier requerimiento del cliente ya que busca que los recursos humanos se capaciten y también hoy la facultad sobrevive gracias a eso. Esto no implica que se contrate a una empresa para algo específico, pero no debe haber una tercerización encubierta. Si hubo prácticas ‘non sanctas’ hay que cambiarlas, pero la contratación directa trae más alegrías que dolores de cabeza”.



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