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De Salta a Buenos Aires: el detrás de escena del voto electrónico

Las denuncias por irregularidades y el común denominador: la empresa MSA. La polémica sobre la auditoría del código fuente. El desafío de capacitar a tiempo a las autoridades de mesa y los fiscales. Por Bruno Massare - 29 de Junio 2015
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La provincia de Salta pasará a la historia por haber sido la gran impulsora del voto electrónico en la Argentina. Para bien o para mal, según el análisis que puedan hacer tanto sus defensores como aquellos más críticos de la experiencia que transitó la provincia del norte argentino, que tuvo su capítulo más reciente en las elecciones de mayo pasado, en las que fue reelecto como gobernador Juan Manuel Urtubey.

El sistema provisto por la empresa local MSA —por un monto de $ 85 millones, que comprendió las primeras abiertas (PASO) y las generales— fue objeto de duras críticas por parte de la  oposición, fundamentalmente durante las PASO. El voto con boleta electrónica tuvo en Salta una implementación gradual desde 2009, cuando se utilizó en la localidad de San Lorenzo. Y las irregularidades denunciadas en las PASO llevaron a que el Tribunal Electoral salteño decidiera realizar en las elecciones generales un escrutinio definitivo con la apertura de todas las urnas y un conteo manual (por ley estaba previsto para el 5 por ciento de las mesas).


 

“Se buscó, con lo que llamamos voto con boleta única electrónica, eliminar a los intermediarios que hay con el tradicional voto en papel”, dijo Néstor Ruiz de los Llanos, secretario de Planificación de Salta, en un seminario realizado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)  en mayo pasado, a poco de finalizada la elección general en Salta. El encuentro, del que también participó el presidente de MSA, Sergio Angelini y otros especialistas y funcionarios, si bien fue reducido en asistencia debido a la escasa difusión, no estuvo libre de polémicas entre los expositores y parte del público que cuestionaba la implementación del sistema.

“Conocemos lo que es el voto cadena, o cuando se esconden votos en el cuarto oscuro. Entonces, queríamos anular este tipo de prácticas y aprovechar los beneficios que brinda la tecnología hoy en día”, dijo Ruiz de los Llanos. Y agregó: “A la boleta única, que ahora se utiliza en Santa Fe, le agregamos  la fortaleza de la pantalla digital, que permite votar por lista completa o por categoría, pero con candidatos que aparecen en forma aleatoria en la pantalla. Y con la gran ventaja de que permite tener los resultados del escrutinio rápidamente. Se hizo un trabajo municipio por municipio para que conocieran el sistema. A pesar de eso, es algo que nos falta profundizar, sobre todo con la gente de mayor edad o en poblaciones aisladas”.

Las irregularidades durante las PASO en Salta tuvieron que ver con denuncias sobre máquinas de votación conectas a Internet, impresiones de boleta distintas a las que se habían elegido en la pantalla, fallas de funcionamiento que exigían reemplazos de los equipos y un “hackeo” a una de las máquinas que la dejó en modo mantenimiento.

Diego Saravia, ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y referente del Frente Grande en esa provincia, estuvo involucrado en este último incidente. “Nosotros hicimos una actividad en carácter de fiscalización informática, con total acuerdo del presidente de mesa. Se le pidió un voto, se le grabó un código y luego logramos poner a la máquina en modo mantenimiento. Queríamos demostrar esa debilidad. No fue demasiado complicado y es algo grave para un sistema de este tipo”, señala.

Según Saravia, “las PASO fueron un escándalo. Se encontraron muchas irregularidades y se hizo un recurso a la Corte Suprema en Salta, que se negó a todos los planteos y dijo que no podía cambiar los fallos del Tribunal Electoral. Pero lo que sucede es que el Tribunal Electoral es parte en este asunto”.
El ingeniero salteño también se queja del escaso acceso que tuvieron al código fuente del sistema de MSA. “No nos dieron el código. Contratamos a una consultora internacional para que fiscalizara el sistema, con un costo muy importante para nosotros. Nos lo iban a dar con un acuerdo de confidencialidad, pero al final nunca se pudo auditar. Y cuando fuimos con los demás partidos nos sentaron atrás de una mesa y ellos iban pasando pantallas. Entonces nos levantamos y nos fuimos. Es como que me digan que firme un contrato por un montón de dinero y solamente lo pueda leer en un proyector. Además, la gente de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA Salta que revisó el código no son especialistas en auditoría”.
 

 

María Inés Tula, politóloga, docente de la  UBA e investigadora del CONICET en nuevas tecnologías en procesos electorales, estuvo en Salta en calidad de observadora del proceso electoral. “Lo que  se hizo en Salta no fue una auditoría en términos estrictos, porque lleva mucho tiempo y no está reglamentado”, dice Tula, en coincidencia con Saravia. Y agrega: “Hubo una especie de demostración por parte de la empresa y la UNSA, que hacía la auditoría. Algunos de los partidos se negaron a participar aduciendo que no se les daba todo lo que se requería”. La especialista considera que habría que fortalecer el esquema de auditorías, con plazos y requerimientos más específicos.

Sin embargo, Tula considera que el Gobierno salteño modificó positivamente en las elecciones generales diversos aspectos que Poder Ciudadano y otras organizaciones habían señalado como debilidades del sistema durante las PASO. “El Tribunal Electoral tomó mucho consejos nuestros y reclamos de la oposición.

Eso fue importante porque generó un marco de legitimidad que era necesario. Un ejemplo fue el requerimiento de los partidos de poder hacer en la mesa de votación un escrutinio más lento y de que los  fiscales pudieran exigir a la autoridad de mesa comprobar aspectos del funcionamiento de las máquinas o de la impresión de las boletas. Eso fortaleció el proceso de escrutinio y de fiscalización, que había quedado desdibujado por falta de adaptación al cambio y por desconocimiento del papel que cada uno tenía que jugar.”

Destino: Buenos Aires

Así como en la implementación del voto electrónico en Salta nadie puede discutir su gradualidad,  el escenario es considerablemente distinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde solamente hubo posibilidad de acercarse a una limitada cantidad de máquinas de prueba en las últimas PASO (donde hubo marcha atrás en la intención de implementarlo en esa instancia por primera vez), para ser aplicado en la totalidad del padrón en las elecciones generales del 5 de julio.

En realidad, todo el proceso fue realizado a gran velocidad: el 14 de noviembre del año pasado, el jefe de Gobierno Mauricio Macri reglamentó el Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas. Y a mediados de enero se llamó a licitación para contratar máquinas “de emisión de voto y escrutinio” para la aplicación de este método en el distrito porteño. A la licitación se presentaron dos empresas, MSA y Smartmatic, firma de origen venezolano.
 

 

Resultó ganadora la primera, que cobrará $ 151 millones y, si hay ballotage, embolsará un plus de $ 12 millones. “Fue una licitación un  poco extraña, con muy poco tiempo. Y la metodología que pedía la licitación es la que tiene el grupo  MSA; no la comparte otra empresa”, dice Tula.

De hecho, Smartmatic  (cuyo sistema es de urna electrónica) presentó un amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerar que la licitación estaba dirigida a un oferente particular,  recurso que fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario porteño N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cesca to. Smartmatic tendrá su revancha en Córdoba, para ejecutar un simulacro de voto electrónico en las localidades de La  Falda y Marcos Juárez (donde MSA anticipó que no se presentaría).

En enero pasado, el Tribunal Superior de Justicia porteño había rechazado las objeciones  planteadas por la UCR contra la modificación del régimen de boleta única y voto electrónico, pero de ser electrónico es agregarle tecnología al voto tradicional, no estamos hablando de otra cosa que de una variante de voto electrónico. Si con la boleta no hacés nada al final, ¿qué hacés con esa papeleta con un chip? Hablar de boleta electrónica tiene que ver más con una cuestión legal”, dice Tula.

Voto a las corridas Leandro Querido, director de la ONG Transparencia Electoral, considera que “cuando una reforma  electoral se hace sobre la hora es probable que no sea buena. En el caso de Salta, se innovó en materia electoral y se lo hizo de una manera abierta, con leyes. En la ciudad de Buenos Aires la principal preocupación tiene que ver con los plazos, que son muy cortos. Si bien está la ventaja de que casi no hay analfabetismo digital, el éxito de este proceso estará en manos de los actores intervinientes”.

Pero la incertidumbre más grande está en la capacitación que tienen que tener fiscales y  autoridades de mesa para poder controlar el proceso eleccionario. De lo contrario, se repetirá  uno de los aspectos más  criticados de la experiencia en Salta: el hecho de que los técnicos de MSA tomaron un rol preponderante  por desconocimiento técnico de quienes fiscalizaban las  lecciones. Los requisitos de conocimiento del sistema para los responsables de fiscalizar se reflejan, por  ejemplo, en la Acordada electoral número 17 del 27 de mayo pasado, en la que el Tribunal  Superior de Justicia porteño especifica que al inicio del acto electoral “la autoridad de mesa constata que la máquina esté ubicada en un lugar que garantice el secreto del voto. Prende la máquina y pulsa la tecla que abre la lectora de DVD. Debe verificar y exhibir a los fiscales presentes que ese DVD (que contiene el sistema operativo) se encuentre dentro de una bolsa termosellada y en un sobre con etiqueta de seguridad. Inserta el DVD en la máquina, calibra la pantalla y apoya su credencial sobre el lector de la máquina. En la pantalla aparece el número de mesa y un teclado táctil con el que la Autoridad de Mesa debe ingresar el PIN impreso en la credencial y elige la opción de ‘apertura de mesa’”.

Además, se señala que “en cualquier momento, las autoridades de mesa y los fiscales de las agrupaciones políticas intervinientes pueden de oficio o a pedido de algún elector realizar controles sobre el correcto funcionamiento de las máquinas. Como medio de control durante el desarrollo del acto electoral pueden imprimir boletas de prueba para verificar la forma aleatoria de aparición de los candidatos y su reflejo en el papel”.

La importancia de la capacitación también es resaltada por la auditoría del sistema de MSA a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (contratada por un monto de $1.558.750), que fue encargada por el Tribunal Superior de Justicia y que al cierre de esta edición había  entregado su segundo informe de avance, en el que se consignaba que “la única forma de asegurar la confiabilidad de los comicios con este sistema, al igual que en el tradicional, es que las autoridades de los comicios sepan los procedimientos y los hagan”.

Para Delia Ferreira, abogada especialista en sistemas electorales, “en Buenos Aires se empezó muy tarde y preocupa la situación de los fiscales, porque son la clave para controlar los procedimientos. Y ahora tienen que saber muchas cosas más que antes. Además, ¿qué va a suceder con los que no van y son reemplazados por los primeros que llegan a votar? Con este sistema, un ciudadano de a pie no va a poder tomar esa responsabilidad porque no va a tener la capacitación necesaria. Hay una cantidad de cosas nuevas que se suman como problemas por el capricho de poner estos aparatos”.

Con plazos tan ajustados, difícilmente los partidos políticos puedan involucrarse en una auditoría del código fuente más allá  del trabajo de la UBA. Según Tula, “es necesario que haya una auditoría de los partidos políticos. A lo mejor se termina haciendo un acercamiento como se hizo en Salta. Pero lo ideal es generar un control con plazos previstos y realizables, en caso de que esas  observaciones tengan algún tipo de validez. Lo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires no es de lo más prolijo”.

Ferreira suma algunas cosas más: “Podemos ver en el avance del informe de auditoría que el software analizado no es la versión definitiva. ¿Cómo harán para auditar correctamente una versión definitiva que recibirán a poco del acto eleccionario?  No hace falta tener mucho conocimiento de tecnología para saber que una línea de código en un programa puede cambiar muchas cosas. Y estamos hablando  de un código  fuente que no es abierto, porque se cede con acuerdo de confidencialidad, entonces no es todo lo abierto que debe ser. No sé cómo van a hacer los partidos para poder revisarlo”.

INFORMATION TECHNOLOGY intentó comunicarse con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Dirección General de Reforma Política y con la Defensoría porteñas pero en ninguno de los casos fue posible contactar a sus voceros.

La proyección nacional

Actualmente, en la Argentina hay 15 provincias que tienen contemplada la posibilidad del voto electrónico y, en algunos casos como el de Santa Fe (donde ya se implementó la boleta única en  papel) hay un proyecto de voto electrónico con media sanción. En general, las motivaciones que esgrimen estas iniciativas tienen que ver con la búsqueda de mayor eficiencia, velocidad, simplicidad y transparencia en el voto.

A partir de la propia experiencia, funcionarios salteños presentaron proyectos para aplicar el voto electrónico a nivel nacional. “Presentamos un proyecto de ley para usar la boleta electrónica a nivel nacional, preservando todas las garantías. Y otro proyecto para poder elegir en nuestro distrito a las autoridades nacionales con este sistema”, dice Pablo Kosiner, diputado nacional por la provincia de Salta (FPV) y exministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno de Juan Manuel Urtubey.

“Hay muchos proyectos dando vueltas en el Congreso. Pero, que yo sepa, ninguno está siendo tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. También hay cosas más urgentes, como el hecho de que el escrutinio provisorio no está regulado en la Argentina (usualmente contratado a la española Indra desde el regreso de la democracia en 1983). Es decir, que los mecanismos de conteo rápido que se han implementado hasta ahora no tienen un resguardo legal. Eso es una gran deuda, porque no es algo que debiera estar en manos de la discrecionalidad de las autoridades de turno y a cargo de un ministerio”, dice Ferreira.

Durante el seminario en la UCES, Rodolfo Urtubey (senador nacional por el FPV y hermano del reelecto gobernador de Salta) aseguró que “la boleta electrónica cambia el marco de poder y  elimina barreras entre las estructuras partidarias en provincias como Salta, donde el que tiene el dinero para imprimir o para custodiar las boletas a ocho horas de distancia de la capital provincial tiene una ventaja electoral enorme”.  Pero Tula dice no estar de acuerdo con este postulado: “No creo que favorezca a los partidos más chicos. Estamos de acuerdo en que en general son  estructuras que no tienen capacidad territorial, pero el voto electrónico no resuelve ese problema, porque si no tienen un fiscal que controle la máquina en cada lugar, no se evitan posibles mecanismos fraudulentos. Es una ventaja que se ha vendido con el voto electrónico, pero también se puede hacer trampa con la máquina. La incorporación de tecnología no resuelve el tema del control de la mesa”.

Así las cosas, la gran pregunta es si son más las ventajas que las debilidades que hoy se desprenden del voto electrónico. Sobre todo cuando se piensa en una ciudad como Buenos Aires, donde prácticamente no hay antecedentes recientes de denuncias de fraude ni de robo de boletas. Tampoco de grandes demoras en el recuento.  “No hay un problema a la vista que se pretenda solucionar ni un diagnóstico por el que se necesitaba un cambio”, dice Tula, quien recomienda “no caer en la tecnofobia ni en la fascinación por estos nuevos sistemas”. Saravia, desde Salta, dice que está de acuerdo en agregar tecnología al voto, “pero con un sistema auditable, con un código fuente público y estándares abiertos que le permitan a cualquiera participar y no con un pliego de licitación que defina quién será el ganador. También habría que pensar si no sería más razonable utilizar código de barras en lugar de chips de RFID, por un tema de costos”.

Ferreira, en tanto, cree que la experiencia de Salta permitió solucionar aspectos como el robo de boletas, “pero que ya estaba  remediado con la boleta única en papel”. Y agrega: “En Salta hubo un plazo  de capacitación razonable, pero en Buenos Aires corremos el peligro de que los técnicos terminen operando como autoridades de mesa. Los sistemas tecnológicos no son universales, sino que tienen que estar adaptados a cada momento y situación para que sean útiles y no se  conviertan en una falsa opción”. 



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